[22 de julio de 2011] ANTANANARIVO – En Madagascar, uno de cada dos habitantes vive en una situación de inseguridad alimentaria. Esta proporción aumenta hasta el 68% en el Sur del país. Las sanciones internacionales impuestas a la isla y la pasividad del gobierno están agravando seriamente la situación. “Todos los indicadores de seguridad alimentaria están en rojo” declaró Olivier De Schutter durante una conferencia de prensa al final de su misión en Madagascar.
“El resultado es que Madagascar tiene hoy por hoy una de las tasas de malnutrición infantil más alta del mundo, con niveles comparables a los de Afganistán o Yemen” comentó.
Tras el golpe de estado que llevó a la formación de la Alta Autoridad de Transición el 17 de marzo de 2009 y el fracaso de los esfuerzos de mediación emprendidos desde entonces, Madagascar se ha visto sometido a considerables sanciones económicas.
“La decisión de Estados Unidos de retirar a Madagascar de los países beneficiarios de la “African Growth and Opportunities Act” (Ley de Crecimiento y Oportunidades para África) ha supuesto ya la pérdida de 50 000 empleos en el sector textil, responsable de la mitad de las exportaciones de Madagascar” comenta el Relator Especial. La Unión Europea también ha congelado programas que estaban a punto de firmarse antes de la crisis política y ha suspendido toda la ayuda al desarrollo canalizada a través del Gobierno. “La estimación total de la ayuda esperada y ahora pérdida es de cerca de 600 millones de euros. Cierto es que la ayuda humanitaria de los donantes a través de las ONGs sí que se ha visto considerablemente aumentada pero la naturaleza de este tipo de asistencia no permite disminuir sustancialmente los niveles de pobreza.”
El Relator Especial recuerda que “sortear al Estado significa privarlo de su capacidad institucional a largo plazo e hipotecar las oportunidades de desarrollo a medio plazo. Madagascar está a punto de integrar la lista de Países frágiles."
“Ha llegado el momento de reconsiderar el régimen sancionatorio. Así, la Alta Autoridad de Transición no podrá utilizar estas sanciones como un pretexto para quedarse de brazos cruzados y dejar que su población avance hacia una catástrofe humanitaria sin precedentes.”
Según el Relator Especial, esta doble encerrona política ha afectado por desgracia a dos iniciativas prometedoras lanzadas antes de la crisis: el desarrollo de una agricultura ecológica de alto rendimiento y la reforma agraria destinada a garantizar el acceso a la tierra a la población local.
“Madagascar tiene un potencial único para la agricultura ecológica” afirma el Relator, “según nuestros datos, el sistema de cultivo intenso de arroz, una invención genuinamente malgache, ha demostrado tener un rendimiento doble, triple e incluso cuádruple en comparación con otros métodos. Una estrategia nacional de apoyo a este tipo de producción agrícola podría hacer que la isla fuese autosuficiente en arroz en menos de tres años, mientras que ahora todavía tiene que importar anualmente 100 000 a 150 000 toneladas de arroz. Pero para que esto ocurra, las autoridades tienen que actuar.”
“Del mismo modo, también parece haberse congelado el proceso de certificación de los títulos de atribución de la tierra” prosigue el Relator Especial de la ONU. Él mismo recuerda el intento de Daewoo Logistics de comprar 1,3 millones de hectáreas en 2008: “antes de la crisis políticas, los inversores, deseosos de adquirir las mejores tierras de la isla, declararon una oposición feroz contra el proceso de regularización de los títulos de posesión de parcelas de tierra de las familias rurales. Hoy, apenas quedan inversores, escaldados por el conflicto político y el proceso de certificación de la tierra se ha ralentizado. Este proceso de titulación se inició en 2006 pero por ahora solo han podido beneficiarse unos 416 municipios de un total de 1550 debido a la falta de recursos. Lo que antes parecía ser una carrera entre inversores y población local es ahora una película a cámara lenta.”
Como cierre a su intervención, Olivier De Schutter expresó sus dudas en cuanto a la pertinencia de ciertos acuerdos de pesca: “los acuerdos de pesca que Madagascar ha firmado con la UE y algunas empresas asiáticas contienen reminiscencias de los tratados que los imperios coloniales hicieron firmar a sus colonias en el siglo XIX,” apuntó el Relator.
"De forma legal o ilegal se están saqueando los mares en vez de utilizar la pesca como un motor de desarrollo para la isla. El hecho de que las flotas industriales vengan a pescar aquí sin cupos, precisamente ahora que se están agotando los recursos marinos, debería ser impermisible en el siglo XXI,” afirma el Relator Especial. “Pido a los donantes y a las organizaciones internacionales que ayuden a Madagascar a reforzar la capacidad de vigilancia de sus costas y su capacidad de negociación para llegar a un uso sostenible de los mares en beneficio de la población local. No se puede supervisar un millón de kilómetros cuadrados con media docena de barcos.”
Lea las conclusiones preliminares tras el final de la misión (en francés)
FIN
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